Operaciones del receptor

Estafas relacionadas con «receptores» (Receivers)

Los defraudadores explotan con frecuencia el entorno jurídico y regulatorio que rodea las transferencias de fondos y la creación de cuentas financieras para perpetrar estafas sofisticadas basadas en el cobro de pagos anticipados. Estas estafas prometen, por lo general, la transferencia o la creación de grandes sumas de dinero que se enviarían a un receptor inexistente o ilocalizable. A continuación se explica en detalle cómo opera este tipo de fraude y qué mecanismos emplean los defraudadores para engañar a sus víctimas.

1. Naturaleza del esquema fraudulento A

Los defraudadores elaboran escenarios complejos en los que prometen generar o transferir fondos sustanciales a un destinatario, a menudo bajo la apariencia de programas de inversión de alta rentabilidad, oportunidades de negocio internacionales o esquemas de herencias. Estos esquemas suelen incluir los siguientes elementos:

1.1. Promesa de pagos elevados

• Los estafadores prometen a las víctimas la transferencia de una suma de dinero considerable, que puede presentarse como rendimientos de inversión, beneficios empresariales o herencias.
• Con frecuencia se afirma que los supuestos fondos se mantienen en una cuenta segura, en un fideicomiso, o que se generan mediante complejos arreglos financieros como la «monetización de instrumentos financieros».

1.2. Cargos o comisiones por adelantado

• Se solicita a las víctimas que abonen por adelantado comisiones destinadas a cubrir diversos costes, como honorarios jurídicos, servicios notariales, impuestos o tasas regulatorias, antes de que los fondos puedan ser «liberados».
• Estas comisiones se presentan con frecuencia como pagos obligatorios exigidos por la normativa internacional o nacional para legitimar la transferencia.

1.3. Receptor que nunca llega a materializarse

• El supuesto receptor de los fondos es ficticio o imposible de identificar o localizar, de modo que la víctima nunca recibe el dinero prometido.
• Los defraudadores pueden aprovechar esta ambigüedad para solicitar de forma reiterada comisiones adicionales con el pretexto de que el beneficiario tiene problemas con las autoridades de cumplimiento normativo o regulatorias.

2. Naturaleza del esquema de fraude B: el fraude de desembolso mediante flujo inverso

Esta variante de un esquema fraudulento implica una sofisticada manipulación de los sistemas bancarios y una entrada de fondos aparentemente legítima, seguida de una salida rápida que deja finalmente al receptor en una situación jurídica y financiera precaria. El esquema está concebido para crear en el receptor una falsa sensación de seguridad, a la vez que lo expone a una pérdida financiera significativa y a posibles consecuencias legales. A continuación se explica en detalle cómo funciona este esquema y cuáles son sus consecuencias para el receptor desprevenido.

Estructura y ejecución del esquema

2.1. Configuración inicial y designación del administrador judicial

• Selección del objetivo: los defraudadores se dirigen a personas o empresas, a menudo mediante ofertas no solicitadas de contratos de alto valor, inversiones u oportunidades de negocio lucrativas. El objetivo (receptor) es presentado como un socio comercial o proveedor de servicios legítimo.
• Participación de un grupo remitente: El grupo remitente se presenta como una entidad de confianza, como una sociedad, una empresa de inversión o un particular acaudalado, dispuesto a transferir una suma considerable a la cuenta del receptor.
• Creación de urgencia y exclusividad: Se indica al receptor que ha sido seleccionado especialmente para esta oportunidad y que debe actuar con rapidez para asegurar la operación. Esta urgencia es una táctica psicológica clave para reducir los esfuerzos de diligencia debida del receptor.

2.2. Entrada de fondos

• Transferencia de apariencia legítima: el grupo remitente inicia una transferencia de una suma elevada a la cuenta del receptor. Esta transferencia suele parecer legítima, al proceder de un banco o de una cuenta corporativa reconocibles.
• Verificación por el banco del receptor: los fondos se compensan y el banco del receptor confirma el abono, lo que da al receptor una falsa sensación de seguridad de que los fondos son legítimos y están plenamente disponibles.

2.3. Requisito de desembolso inmediato

• Solicitud de transferencia inmediata: El grupo remitente solicita entonces al receptor que desembolse una parte significativa de los fondos recibidos, a menudo la mayor parte del importe, a otra cuenta, alegando que se trata del pago de comisiones, honorarios o gastos comerciales.
• Pretexto aparentemente legítimo: El remitente puede aducir una razón de apariencia legítima, como la necesidad de pagar a subcontratistas, liquidar obligaciones fiscales o reembolsar a un tercero gastos anticipados.

Las consecuencias: detección del fraude y reversión

2.4. Detección de fraude del banco ordenante

• Carácter fraudulento de la transferencia original: el banco ordenante descubre que la transferencia inicial era fraudulenta, ya sea porque la cuenta del ordenante fue vulnerada, porque la operación se financió con fondos ilícitos o insuficientes, o porque se defraudó a un tercero.
• Solicitud de reversión: El banco del ordenante se pone en contacto con el banco del beneficiario para informarle de que la transferencia debe revertirse porque el ordenante original ha sido víctima de un fraude. Esto suele deberse a que la cuenta del ordenante ha sido objeto de un acceso no autorizado o a que este ha alegado que los fondos se enviaron por error.

2.5. Congelación y reversión de la cuenta

• Bloqueo de la cuenta del receptor: el banco del receptor, al recibir la solicitud de reversión y la denuncia de fraude, bloquea la cuenta del receptor para impedir nuevas operaciones e inicia una investigación.
• Reversión de fondos: El banco revierte de la cuenta del receptor el importe equivalente a la transferencia fraudulenta original. Si los fondos ya se han dispuesto, el receptor puede quedar con un saldo negativo.

3. Aprovechamiento de los marcos legales y regulatorios

Los estafadores se aprovechan de la complejidad y opacidad del entorno regulatorio para otorgar credibilidad a sus esquemas y eludir su detección. A continuación se explica cómo explotan estos marcos jurídicos. Los estafadores explotan las complejidades del entorno jurídico y regulatorio para perpetrar esquemas de fraude de pago anticipado, aprovechándose de la falta de conocimiento y de vigilancia de sus víctimas. Mediante un lenguaje sofisticado, documentación falsa y la creación de capas de opacidad, generan una apariencia de legitimidad mientras extraen comisiones por adelantado a sus víctimas. La vigilancia, unos procedimientos rigurosos de cumplimiento normativo y la cooperación regulatoria transfronteriza resultan esenciales para combatir estas actividades fraudulentas y proteger a las posibles víctimas.

Los problemas jurídicos del «receptor»

Cuando los intermediarios participan en la identificación de destinatarios de transferencias de fondos sin un propósito comercial legítimo, se exponen a riesgos sustanciales de cumplimiento normativo y de prevención del blanqueo de capitales (AML). Estos riesgos son particularmente acusados dados los estrictos marcos regulatorios de la Unión Europea y de los Estados Unidos. A continuación se presenta un análisis detallado de los desafíos, junto con las normas y leyes pertinentes en ambas jurisdicciones.

1. Visión general del marco regulatorio

A. Unión Europea (EU)

La UE dispone de un marco completo en materia de AML y de lucha contra la financiación del terrorismo (CTF), articulado mediante directivas y reglamentos, entre los que destacan:

• Directivas de la UE contra el blanqueo de capitales (AMLD):
• 4.ª AMLD (2015/849): exige una diligencia debida con respecto al cliente (CDD) reforzada para las operaciones de alto riesgo y una mayor transparencia en torno a la titularidad real.
• 5.ª AMLD (2018/843): amplía los requisitos de diligencia debida con respecto al cliente, refuerza el escrutinio de los terceros países de alto riesgo y amplía la definición de sujetos obligados.
• 6.ª Directiva contra el blanqueo de capitales (6AMLD) (2018/1673): aclara las definiciones de los delitos de blanqueo de capitales y refuerza las sanciones por la complicidad, la inducción y la tentativa de blanqueo.
• Reglamento (UE) 2023/1113 (aplicable desde el 30 de diciembre de 2024, en sustitución del Reglamento 2015/847): impone obligaciones a los proveedores de servicios de pago y de servicios de criptoactivos para garantizar la trazabilidad de las transferencias. A partir del 10 de julio de 2027, el Reglamento contra el blanqueo de capitales (UE) 2024/1624 será de aplicación directa en todos los Estados miembros, bajo la supervisión, en parte, de la nueva Autoridad de la UE de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA).
• Directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA): Ofrecen orientaciones sobre los factores de riesgo en materia de AML y financiación del terrorismo, y sobre la aplicación de la EDD.

B. Estados Unidos

Estados Unidos cuenta con un sólido marco jurídico para combatir el blanqueo de capitales, regulado principalmente por:

• Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act, BSA) de 1970: exige a las entidades financieras conservar registros y comunicar determinadas operaciones con el fin de detectar y prevenir el blanqueo de capitales.
• USA PATRIOT Act de 2001: amplía los requisitos de AML para incluir obligaciones de KYC más amplias y una diligencia debida más rigurosa, en particular en lo que respecta a las transacciones con el extranjero.
• Ley contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) de 2020: moderniza el régimen contra el blanqueo de capitales, aumenta las recompensas a los denunciantes y refuerza la transparencia sobre los beneficiarios finales.
• Normativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC): prohíbe las operaciones con personas y entidades sancionadas y exige un cribado exhaustivo de los destinatarios de los fondos.

2. Desafíos y riesgos en materia de cumplimiento normativo

2.1. Diligencia debida e identificación del cliente

Los intermediarios deben aplicar procedimientos rigurosos de diligencia debida y KYC para identificar y verificar la identidad de todas las partes que intervienen en las operaciones. Si no existe una finalidad comercial legítima, se plantean los siguientes problemas:

• Diligencia debida del cliente insuficiente: dificultades para obtener información suficiente sobre las actividades empresariales del destinatario, sus titulares reales y el origen de los fondos, en contravención de la BSA, la AMLD y la USA PATRIOT Act.
• Diligencia debida reforzada (EDD): exigida tanto en el marco de la UE como en el de los Estados Unidos en operaciones o clientes de alto riesgo, incluidas las personas expuestas políticamente (PEP), las sociedades pantalla o los clientes de jurisdicciones de alto riesgo. El incumplimiento puede dar lugar a sanciones significativas.

2.2. Comunicación de operaciones sospechosas (SAR)

• Requisito: las entidades financieras y los intermediarios están obligados a presentar informes de operaciones sospechosas (SAR) cuando detecten actividades potencialmente sospechosas que puedan implicar blanqueo de capitales u otros delitos financieros.
• Desafíos: sin una finalidad comercial legítima, los intermediarios pueden tener dificultades para identificar señales de alerta, como patrones de operaciones inusuales, el fraccionamiento de operaciones o transacciones sin una finalidad económica o lícita aparente.
• Normativa: Los requisitos relativos a los SAR están establecidos por la BSA en Estados Unidos y por la AMLD en la UE. El incumplimiento de la obligación de presentar SAR puede acarrear sanciones y penalizaciones severas.

2.3. Transparencia sobre la titularidad real

• Requisitos de la Directiva de la UE: la 4.ª y la 5.ª Directivas contra el blanqueo de capitales (AMLD) exigen la identificación y verificación de los beneficiarios finales de las personas jurídicas, con el fin de garantizar que no se utilicen estructuras societarias anónimas para ocultar la titularidad real de los fondos.
• Requisitos en Estados Unidos: La Corporate Transparency Act, integrada en la AMLA de 2020, introdujo la obligación de comunicar la titularidad real a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN); desde una norma provisional definitiva de marzo de 2025, dicha obligación se aplica únicamente a las sociedades extranjeras registradas para operar en Estados Unidos. Los bancos siguen debiendo identificar a los titulares reales de los clientes que sean personas jurídicas, con arreglo a la norma de diligencia debida con respecto al cliente de la FinCEN.

3. Blanqueo de capitales y actividades fraudulentas

3.1. Técnicas de blanqueo de capitales

• Estratificación e integración: sin un negocio legítimo, los intermediarios pueden facilitar inadvertidamente el proceso de estratificación, en el que los fondos ilícitos se ocultan mediante múltiples transacciones y entidades.
• Sociedades pantalla e intermediarios: el uso de sociedades pantalla, intermediarios o titulares interpuestos (nominees) puede ocultar a los verdaderos propietarios y la finalidad de los fondos, lo que supone importantes riesgos en materia de AML.

3.2. Fraude y delitos financieros

• Uso de documentación fraudulenta: La ausencia de una finalidad comercial real puede dar lugar a la presentación de facturas, contratos y documentos mercantiles fraudulentos para justificar el movimiento de fondos, lo que infringe la normativa contra el blanqueo de capitales (AML) y expone a los intermediarios a cargos por fraude.
• Delitos subyacentes: las transferencias de fondos ilegítimas pueden estar vinculadas a delitos subyacentes como la evasión fiscal, el fraude, la corrupción o incluso la financiación del terrorismo, severamente sancionados tanto por la legislación de la UE como por la de los Estados Unidos.

4. Cumplimiento de sanciones y control de listas

4.1. Sanciones de la OFAC y de la UE

• Obligaciones de control: tanto los reglamentos de la UE como la normativa de la OFAC de EE. UU. exigen que los intermediarios comprueben a todas las partes que intervienen en las operaciones frente a las listas de sanciones. Ello resulta esencial para evitar operaciones con personas o entidades sancionadas.
• Dificultades: Sin una justificación comercial legítima, resulta difícil evaluar si la operación es admisible o si entra en el ámbito de aplicación de la normativa sobre sanciones.

4.2. Infracciones y sanciones

• Sanciones en la UE: el incumplimiento de la normativa sobre AML y sanciones puede acarrear multas cuantiosas, restricciones operativas y cargos penales.
• Sanciones en Estados Unidos: las infracciones de las sanciones de la OFAC o de los requisitos de la BSA pueden dar lugar a importantes sanciones civiles y penales, incluidos el decomiso de activos y la pena de prisión.

5. Estrategias de mitigación para intermediarios

5.1. Diligencia debida reforzada y evaluación de riesgos

• Aplicación de la diligencia debida reforzada (EDD): aplique medidas rigurosas de EDD a los clientes de alto riesgo, incluida la verificación del origen del patrimonio y de los fondos, así como la comprensión del modelo de negocio del cliente.
• Enfoque basado en el riesgo: adaptar los procedimientos de diligencia debida al perfil de riesgo del cliente y de la operación, de conformidad con las recomendaciones del FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional).

5.2. Supervisión y comunicación de transacciones

• Sistemas de supervisión automatizados: emplean sistemas avanzados para supervisar las operaciones en tiempo real e identificar señales de alerta o patrones indicativos de blanqueo de capitales.
• Presentación oportuna de SAR: asegúrese de que los SAR se presenten sin demora cuando se detecten actividades sospechosas, aun cuando la justificación comercial subyacente no esté clara.

5.3. Formación y concienciación

• Formación del personal: la formación periódica del personal en materia de normativa AML/CTF, señales de alerta y obligaciones de notificación es esencial para mantener el cumplimiento normativo.
• Conocimiento de los cambios normativos: manténgase al día de las modificaciones de las leyes y reglamentos en materia de AML en la UE y en Estados Unidos para garantizar el cumplimiento.

Los intermediarios que operan sin un contexto empresarial legítimo se enfrentan a importantes desafíos en materia de AML y de cumplimiento normativo con arreglo a la normativa tanto de la UE como de los Estados Unidos. Para mitigar estos riesgos, deben implantar mecanismos completos de diligencia debida, seguimiento de operaciones y comunicación de información, y mantenerse al día de los cambios normativos. El incumplimiento no solo expone a los intermediarios a sanciones legales y financieras, sino que también conlleva un riesgo significativo de daño reputacional.

Implicaciones jurídicas para los receptores

Las cuentas de los beneficiarios de transferencias de fondos sin una finalidad comercial legítima pueden ser bloqueadas o cerradas por diversos motivos relacionados con medidas regulatorias, de cumplimiento normativo y de prevención del fraude. A continuación se expone con detalle la justificación y los mecanismos del bloqueo o cierre de cuentas, junto con los marcos jurídicos pertinentes de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos.

1. Motivos de congelación o cierre de cuentas

1.1. Sospecha de blanqueo de capitales o de actividades fraudulentas

• Falta de sustancia económica: las cuentas que reciben fondos sin una finalidad empresarial clara suelen señalarse como sospechosas, ya que pueden utilizarse para estratificar o integrar fondos ilícitos en el sistema financiero.
• Patrones de transacciones inusuales: las transferencias de gran importe, rápidas o incoherentes, sin una explicación comercial lógica, pueden activar alertas internas en las entidades financieras y dar lugar a un escrutinio adicional y a la posible inmovilización de la cuenta.
• Uso de sociedades pantalla: si el destinatario es una sociedad pantalla o tiene una estructura de titularidad compleja sin actividad legítima discernible, ello constituye una señal de alerta de posible blanqueo de capitales, con el resultado de cierre o bloqueo de la cuenta.

1.2. Cumplimiento de las obligaciones regulatorias

• Incumplimientos en materia de conocimiento del cliente (KYC) y diligencia debida del cliente (CDD): si la entidad financiera no puede verificar de forma satisfactoria la identidad, la actividad empresarial o el origen de los fondos del titular de la cuenta, puede inmovilizar o cancelar la cuenta para cumplir los requisitos regulatorios.
• Incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML): si la entidad sospecha que la cuenta está implicada en el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo u otros delitos financieros, está obligada a adoptar medidas preventivas, incluida la inmovilización de la cuenta.

1.3. Informes de actividades sospechosas (SAR) e investigación

• Notificación interna: los bancos están obligados a presentar informes de operaciones sospechosas (SAR) cuando detectan actividad sospechosa. Una investigación en curso desencadenada por un SAR puede dar lugar a la congelación de cuentas como medida cautelar.
• Investigación regulatoria: si las autoridades regulatorias, como la FinCEN en Estados Unidos o las unidades de inteligencia financiera (FIU) en la UE, inician una investigación a partir del SAR, pueden ordenar a la entidad financiera que bloquee la cuenta para impedir nuevos movimientos de fondos potencialmente ilícitos.

1.4. Cumplimiento de las normas sobre sanciones

• Infracciones del régimen de sanciones: si se comprueba que el titular de la cuenta realiza operaciones con personas, entidades o jurisdicciones sancionadas, la entidad financiera está obligada a bloquear la cuenta para cumplir la normativa de la OFAC en Estados Unidos o las listas de sanciones de la UE.
• Fallos en el filtrado: si, tras la apertura de la cuenta, un filtrado rutinario revela que el titular está vinculado a una parte sancionada, la entidad debe actuar de inmediato para congelar la cuenta.

1.5. Órdenes judiciales e incautación de activos

• Órdenes judiciales: las autoridades legales pueden dictar órdenes judiciales para bloquear cuentas si sospechan que existe participación en actividades ilícitas o fraude, o para asegurar activos a la espera del resultado de un procedimiento judicial.
• Decomiso de activos: en los casos en que la cuenta esté vinculada a una actividad delictiva, las autoridades pueden proceder a la incautación de los activos conforme a la legislación sobre decomiso, lo que exige la congelación o el cierre de la cuenta.

2. Marcos jurídicos que regulan el bloqueo y el cierre de cuentas

2.1. Reglamentos de la Unión Europea (UE)

A. Directivas de la UE contra el blanqueo de capitales (AMLD):

• Las entidades financieras están obligadas a implementar procedimientos sólidos de diligencia debida con respecto al cliente y a comunicar las actividades sospechosas. Si no pueden acreditar la legitimidad de las transacciones o de la actividad de las cuentas, deben congelar la cuenta.

B. Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) europeas:

• Las unidades de inteligencia financiera (UIF) de los Estados miembros de la UE pueden suspender una transacción o denegar su consentimiento (art. 32, apartado 7, de la Directiva 2015/849) en el marco de investigaciones sobre blanqueo de capitales o financiación del terrorismo; las inmovilizaciones de mayor duración requieren la intervención de un fiscal o de un tribunal.

C. Reglamento (UE) 2023/1113:

• Exige que las transferencias incluyan la información completa del ordenante y del beneficiario. Las transferencias con información incompleta pueden ser rechazadas o suspendidas.

2.2. Normativa de Estados Unidos

A. Ley de Secreto Bancario (BSA):

• Obliga a las entidades financieras a conservar registros y a comunicar las actividades sospechosas. Las cuentas pueden ser bloqueadas para dar cumplimiento a estas obligaciones.

B. USA PATRIOT Act:

• Refuerza los requisitos en materia de AML y permite a las autoridades adoptar medidas preventivas, incluida la congelación de cuentas, para combatir la financiación del terrorismo.

C. Normativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC):

• La OFAC puede emitir órdenes de «bloqueo» para congelar las cuentas asociadas a personas o entidades sancionadas.

D. Ley contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) de 2020:

• Refuerza las facultades de la FinCEN y el intercambio de información, y amplía las facultades de citación judicial de Estados Unidos sobre los bancos extranjeros que mantienen cuentas corresponsales en ese país.

3. Mecanismos de congelación y cierre de cuentas

3.1. Medidas internas de las entidades financieras

• Sistemas de monitorización de transacciones: Los sistemas automatizados identifican patrones sospechosos que, una vez señalados, dan lugar a una revisión interna. Si las sospechas se confirman, la cuenta puede bloquearse temporalmente.
• Diligencia debida reforzada (EDD): Si la EDD no permite verificar la legitimidad de las actividades de un titular de cuenta, la entidad podrá decidir bloquear o cerrar la cuenta para mitigar los riesgos de cumplimiento normativo.

3.2. Directrices de las autoridades regulatorias

• Órdenes de congelación: las unidades de inteligencia financiera (UIF) de la UE pueden suspender operaciones; las fuerzas del orden y los tribunales pueden congelar cuentas mientras dure la investigación; la OFAC bloquea los bienes de las personas sancionadas.
• Normativa de congelación de activos: En caso de sospecha de financiación del terrorismo o de infracción de sanciones, las autoridades pueden dictar disposiciones de congelación de activos que exijan la suspensión inmediata de la cuenta.

3.3. Órdenes legales y judiciales

• Congelaciones por orden judicial: las autoridades competentes pueden congelar cuentas en el marco de investigaciones o procedimientos judiciales para evitar la disipación de activos.
• Órdenes de embargo: Los tribunales pueden dictar órdenes para embargar activos mantenidos en cuentas vinculadas a actividades delictivas, lo que conduce a su inmovilización inmediata.

4. Consecuencias para los titulares de cuentas y los intermediarios

4.1. Para titulares de cuentas

• Pérdida de acceso a los fondos: los titulares de cuentas pierden el acceso a sus activos, lo que puede perturbar gravemente las actividades comerciales legítimas si la inmovilización carece de justificación.
• Daño reputacional: ser objeto de un bloqueo de cuenta puede perjudicar la reputación de una persona o entidad, con efectos sobre sus futuras relaciones comerciales y bancarias.
• Procedimientos judiciales: los titulares de cuentas pueden enfrentarse a acciones judiciales, multas o cargos penales si la inmovilización obedece a actividades ilícitas confirmadas.

4.2. Para intermediarios

• Interrupción operativa: El bloqueo de cuentas puede alterar el flujo de las operaciones, afectando a la actividad empresarial y a las relaciones con los clientes.
• Sanciones regulatorias: los intermediarios que incumplan órdenes de inmovilización o que faciliten operaciones sospechosas pueden enfrentarse a sanciones, multas o a la pérdida de su licencia.
• Riesgos: La asociación con cuentas bloqueadas puede perjudicar la reputación del intermediario y afectar a su posición en la comunidad financiera.

5. Estrategias de mitigación para titulares de cuentas e intermediarios

5.1. Para los titulares de cuentas

• Prácticas empresariales transparentes: mantener una documentación clara y transparente de las actividades empresariales, la titularidad y el origen de los fondos para facilitar los controles de cumplimiento normativo.
• Comunicación proactiva: Dialogue de manera proactiva con la entidad financiera para atender cualquier inquietud que pueda dar lugar a la congelación de la cuenta.

5.2. Para intermediarios

• Refuerzo de los programas de cumplimiento normativo: implantar sistemas sólidos de KYC, de diligencia debida con respecto al cliente (CDD) y de seguimiento de operaciones para detectar y prevenir actividades sospechosas.
• Formación periódica: imparta formación periódica al personal en materia de AML, lucha contra la financiación del terrorismo y cumplimiento de sanciones, a fin de identificar y mitigar los riesgos de forma eficaz.
• Mejora de la comunicación con el cliente: mantenga canales de comunicación abiertos con los clientes para abordar con prontitud las cuestiones de cumplimiento normativo y reducir la probabilidad de congelación de cuentas.

La congelación o el cierre de cuentas en el contexto de transferencias de fondos sin una finalidad comercial legítima constituye una medida de cumplimiento normativo fundamental, destinada a prevenir delitos financieros como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Tanto la normativa europea como la estadounidense establecen un marco jurídico completo para tales actuaciones, que permite a las entidades financieras y a las autoridades reguladoras actuar con determinación para proteger el sistema financiero. Para los intermediarios y los titulares de cuentas, mantener un cumplimiento normativo riguroso y una transparencia plena resulta esencial para mitigar estos riesgos.